Accesibilidad cognitiva para todos
¿Entiende realmente lo que firma, compra o tramita? España aprueba el Reglamento de accesibilidad cognitiva
Entender una factura, un contrato, una cita médica, una señal en una estación o un trámite administrativo no debería ser un privilegio. Sin embargo, para muchas personas la información compleja, los formularios confusos o las instrucciones poco claras se convierten en una barrera real.
El Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva y establece un marco común para que la información, los espacios, los servicios y los procedimientos sean más fáciles de comprender y utilizar. La norma entrará en vigor el 2 de enero de 2027.
No se trata solo de discapacidad intelectual. La accesibilidad cognitiva beneficia a personas mayores, personas con dificultades de comprensión, personas con problemas de comunicación, quienes no dominan el idioma o cualquier persona que se enfrente a información innecesariamente complicada.
¿Qué es la accesibilidad cognitiva?
La accesibilidad cognitiva consiste en eliminar las barreras que impiden comprender, comunicarse, orientarse o interactuar con el entorno. Para ello, el Reglamento impulsa herramientas como el lenguaje claro, el lenguaje sencillo, la lectura fácil, los apoyos visuales, los pictogramas, la señalización comprensible y las tecnologías de apoyo.
La idea es sencilla: la información importante debe poder encontrarse, entenderse y utilizarse. Y debe proporcionarse sin coste adicional para quien la necesite.
Cambios que notarán las personas consumidoras
El Reglamento incluye obligaciones que afectan directamente a empresas y prestadores de servicios abiertos al público. Entre las más relevantes se encuentran las siguientes:
Información comercial más clara
Los proveedores de bienes y servicios deberán facilitar la información básica dirigida a las personas consumidoras en lenguaje sencillo y, cuando sea posible, con apoyos visuales.
Esto afecta, por ejemplo, a las condiciones esenciales de un servicio, las instrucciones de uso, la contratación, la aceptación de condiciones y las comunicaciones sobre consumo.
Hojas de reclamaciones en lectura fácil
Los bienes y servicios a disposición del público deberán disponer de una hoja de reclamaciones en formato de lectura fácil. Es una medida práctica que facilita que más personas puedan conocer y ejercer sus derechos como consumidoras.
Contratos e instrucciones comprensibles
Las cuestiones relativas a contratación, consentimiento e instrucciones de uso y consumo deberán trasladarse en lenguaje sencillo. La norma no elimina la necesidad de cumplir con las obligaciones legales de información, pero exige que la comunicación sea más comprensible.
Las páginas web, aplicaciones y formularios también deben ser accesibles
La accesibilidad cognitiva llega igualmente al entorno digital. Las administraciones públicas, los operadores de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España —incluidas sus actividades publicitarias— deberán implementar medidas suficientes de accesibilidad cognitiva.
La regla alcanza a contenidos, documentos, formularios, vídeos, sistemas de interacción y, de forma especialmente relevante, a los mecanismos de consentimiento, identificación, autenticación, firma y pago.
En la práctica, una web o aplicación debe facilitar que la persona usuaria comprenda qué está aceptando, qué datos se le solicitan, cómo completar un trámite y qué pasos debe seguir si necesita ayuda o quiere presentar una reclamación.
También afecta a la empresa y al empleo
El Reglamento incorpora medidas relevantes en el ámbito laboral. Las empresas deberán publicar las ofertas, condiciones y requisitos de contratación de forma accesible y, como mínimo, en lenguaje sencillo.
Las personas candidatas que reúnan los requisitos de titulación y experiencia podrán solicitar, sin coste, una adaptación de la entrevista de trabajo para que sea cognitivamente accesible. Solicitar esa adaptación no puede utilizarse como motivo de exclusión del proceso de selección.
Además, cuando una persona trabajadora con discapacidad intelectual acreditada lo solicite, la empresa deberá:
Facilitar documentación de formación en lectura fácil y en formatos alternativos cuando corresponda.
Garantizar que la formación en prevención de riesgos laborales y los protocolos de emergencia estén en lenguaje claro y cuenten con una versión en lectura fácil.
Adaptar documentos de trabajo y reuniones, salvo que la adaptación constituya una carga desproporcionada; en ese caso, la decisión deberá comunicarse por escrito y en un formato cognitivamente accesible.
Establecer apoyos y ajustes razonables en aspectos como horarios, tiempos, carga de trabajo y tecnologías de apoyo, con revisión periódica.
Administraciones, justicia, transporte y sanidad: el cambio será visible
La norma se proyecta sobre ámbitos cotidianos. Entre otras medidas, prevé formularios y guías administrativas en lectura fácil, trámites electrónicos más comprensibles y formación del personal público.
En la Administración de Justicia, las resoluciones y comunicaciones deberán redactarse y presentarse en un formato comprensible. También se contempla el apoyo de personal especializado para facilitar que las personas con dificultades cognitivas puedan entender y ser entendidas durante un procedimiento.
En transportes, estaciones, paradas, recorridos, vehículos e indicaciones deberán ser de uso fácil e intuitivo. La aplicación de estas mejoras será progresiva, con un plazo máximo de quince años para señales y avisos, priorizando las infraestructuras con mayor tránsito.
Los centros sanitarios y veterinarios deberán facilitar información adaptada cuando se solicite, incluyendo la relativa a tratamientos y medicación, y permitir el acompañamiento de una persona de confianza cuando así lo desee la persona con dificultades cognitivas, con las cautelas necesarias ante situaciones de riesgo.
¿Cuándo se aplican estas medidas?
El Real Decreto entrará en vigor el 2 de enero de 2027. Algunas medidas tienen una implantación progresiva y su aplicación concreta debe coordinarse con la normativa sectorial, autonómica y local que corresponda.
Por ejemplo, las exigencias de accesibilidad cognitiva en espacios públicos urbanizados se aplicarán a los de nueva construcción y, en los existentes, cuando se realicen renovaciones. En los edificios, serán exigibles en obra nueva, grandes intervenciones y, en otras intervenciones sobre inmuebles existentes, respecto de los elementos afectados.
Una oportunidad para comunicar mejor y atender mejor
La accesibilidad cognitiva no debe entenderse solo como una obligación normativa. Mejorar la claridad de los contratos, formularios, páginas web, carteles, facturas y procesos de atención reduce errores, evita reclamaciones y facilita una relación más transparente con clientes, personas usuarias y plantilla.
Antes de enero de 2027, las empresas y entidades pueden comenzar con una revisión sencilla:
Identificar los documentos, formularios y mensajes que generan más dudas.
Simplificar la información esencial y ordenar visualmente los contenidos.
Revisar los procesos digitales de contratación, consentimiento, firma, pago y reclamación.
Adaptar la documentación de prevención y emergencia.
Formar al personal que atiende al público o gestiona procesos de selección.
¿Necesita revisar sus documentos, web o procedimientos?
En Normatiza Abogados ayudamos a empresas y entidades a revisar comunicaciones, formularios, procedimientos de atención, documentación laboral y medidas de accesibilidad para avanzar hacia un cumplimiento claro y útil.
Puede contactar con nuestro equipo a través de www.normatizaabogados.com.
Fuente
¿Entiende realmente lo que firma, compra o tramita? España aprueba el Reglamento de accesibilidad cognitiva
Entender una factura, un contrato, una cita médica, una señal en una estación o un trámite administrativo no debería ser un privilegio. Sin embargo, para muchas personas la información compleja, los formularios confusos o las instrucciones poco claras se convierten en una barrera real.
El Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva y establece un marco común para que la información, los espacios, los servicios y los procedimientos sean más fáciles de comprender y utilizar. La norma entrará en vigor el 2 de enero de 2027.
No se trata solo de discapacidad intelectual. La accesibilidad cognitiva beneficia a personas mayores, personas con dificultades de comprensión, personas con problemas de comunicación, quienes no dominan el idioma o cualquier persona que se enfrente a información innecesariamente complicada.
¿Qué es la accesibilidad cognitiva?
La accesibilidad cognitiva consiste en eliminar las barreras que impiden comprender, comunicarse, orientarse o interactuar con el entorno. Para ello, el Reglamento impulsa herramientas como el lenguaje claro, el lenguaje sencillo, la lectura fácil, los apoyos visuales, los pictogramas, la señalización comprensible y las tecnologías de apoyo.
La idea es sencilla: la información importante debe poder encontrarse, entenderse y utilizarse. Y debe proporcionarse sin coste adicional para quien la necesite.
Cambios que notarán las personas consumidoras
El Reglamento incluye obligaciones que afectan directamente a empresas y prestadores de servicios abiertos al público. Entre las más relevantes se encuentran las siguientes:
Información comercial más clara
Los proveedores de bienes y servicios deberán facilitar la información básica dirigida a las personas consumidoras en lenguaje sencillo y, cuando sea posible, con apoyos visuales.
Esto afecta, por ejemplo, a las condiciones esenciales de un servicio, las instrucciones de uso, la contratación, la aceptación de condiciones y las comunicaciones sobre consumo.
Hojas de reclamaciones en lectura fácil
Los bienes y servicios a disposición del público deberán disponer de una hoja de reclamaciones en formato de lectura fácil. Es una medida práctica que facilita que más personas puedan conocer y ejercer sus derechos como consumidoras.
Contratos e instrucciones comprensibles
Las cuestiones relativas a contratación, consentimiento e instrucciones de uso y consumo deberán trasladarse en lenguaje sencillo. La norma no elimina la necesidad de cumplir con las obligaciones legales de información, pero exige que la comunicación sea más comprensible.
Las páginas web, aplicaciones y formularios también deben ser accesibles
La accesibilidad cognitiva llega igualmente al entorno digital. Las administraciones públicas, los operadores de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España —incluidas sus actividades publicitarias— deberán implementar medidas suficientes de accesibilidad cognitiva.
La regla alcanza a contenidos, documentos, formularios, vídeos, sistemas de interacción y, de forma especialmente relevante, a los mecanismos de consentimiento, identificación, autenticación, firma y pago.
En la práctica, una web o aplicación debe facilitar que la persona usuaria comprenda qué está aceptando, qué datos se le solicitan, cómo completar un trámite y qué pasos debe seguir si necesita ayuda o quiere presentar una reclamación.
También afecta a la empresa y al empleo
El Reglamento incorpora medidas relevantes en el ámbito laboral. Las empresas deberán publicar las ofertas, condiciones y requisitos de contratación de forma accesible y, como mínimo, en lenguaje sencillo.
Las personas candidatas que reúnan los requisitos de titulación y experiencia podrán solicitar, sin coste, una adaptación de la entrevista de trabajo para que sea cognitivamente accesible. Solicitar esa adaptación no puede utilizarse como motivo de exclusión del proceso de selección.
Además, cuando una persona trabajadora con discapacidad intelectual acreditada lo solicite, la empresa deberá:
Facilitar documentación de formación en lectura fácil y en formatos alternativos cuando corresponda.
Garantizar que la formación en prevención de riesgos laborales y los protocolos de emergencia estén en lenguaje claro y cuenten con una versión en lectura fácil.
Adaptar documentos de trabajo y reuniones, salvo que la adaptación constituya una carga desproporcionada; en ese caso, la decisión deberá comunicarse por escrito y en un formato cognitivamente accesible.
Establecer apoyos y ajustes razonables en aspectos como horarios, tiempos, carga de trabajo y tecnologías de apoyo, con revisión periódica.
Administraciones, justicia, transporte y sanidad: el cambio será visible
La norma se proyecta sobre ámbitos cotidianos. Entre otras medidas, prevé formularios y guías administrativas en lectura fácil, trámites electrónicos más comprensibles y formación del personal público.
En la Administración de Justicia, las resoluciones y comunicaciones deberán redactarse y presentarse en un formato comprensible. También se contempla el apoyo de personal especializado para facilitar que las personas con dificultades cognitivas puedan entender y ser entendidas durante un procedimiento.
En transportes, estaciones, paradas, recorridos, vehículos e indicaciones deberán ser de uso fácil e intuitivo. La aplicación de estas mejoras será progresiva, con un plazo máximo de quince años para señales y avisos, priorizando las infraestructuras con mayor tránsito.
Los centros sanitarios y veterinarios deberán facilitar información adaptada cuando se solicite, incluyendo la relativa a tratamientos y medicación, y permitir el acompañamiento de una persona de confianza cuando así lo desee la persona con dificultades cognitivas, con las cautelas necesarias ante situaciones de riesgo.
¿Cuándo se aplican estas medidas?
El Real Decreto entrará en vigor el 2 de enero de 2027. Algunas medidas tienen una implantación progresiva y su aplicación concreta debe coordinarse con la normativa sectorial, autonómica y local que corresponda.
Por ejemplo, las exigencias de accesibilidad cognitiva en espacios públicos urbanizados se aplicarán a los de nueva construcción y, en los existentes, cuando se realicen renovaciones. En los edificios, serán exigibles en obra nueva, grandes intervenciones y, en otras intervenciones sobre inmuebles existentes, respecto de los elementos afectados.
Una oportunidad para comunicar mejor y atender mejor
La accesibilidad cognitiva no debe entenderse solo como una obligación normativa. Mejorar la claridad de los contratos, formularios, páginas web, carteles, facturas y procesos de atención reduce errores, evita reclamaciones y facilita una relación más transparente con clientes, personas usuarias y plantilla.
Antes de enero de 2027, las empresas y entidades pueden comenzar con una revisión sencilla:
Identificar los documentos, formularios y mensajes que generan más dudas.
Simplificar la información esencial y ordenar visualmente los contenidos.
Revisar los procesos digitales de contratación, consentimiento, firma, pago y reclamación.
Adaptar la documentación de prevención y emergencia.
Formar al personal que atiende al público o gestiona procesos de selección.
¿Necesita revisar sus documentos, web o procedimientos?
En Normatiza Abogados ayudamos a empresas y entidades a revisar comunicaciones, formularios, procedimientos de atención, documentación laboral y medidas de accesibilidad para avanzar hacia un cumplimiento claro y útil.
Puede contactar con nuestro equipo a través de www.normatizaabogados.com.
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